La mayoría de los países desarrollados han abolido los impuestos sobre el patrimonio neto. Sin embargo, en España este impuesto sigue vigente y es el más elevado, con una carga impositiva de hasta el 3,5%. Entre los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuestos, aunque con tipos impositivos mucho más altos que España.
Según datos de la OCDE, el importe del patrimonio en España es progresivo y oscila entre el 0,16% en Navarra y el 3,5% para activos superiores a 700.000 euros.
Además, el gobierno de Pedro Sánchez ha introducido un nuevo impuesto al patrimonio en 2022 que se aplica entre el 1,7% y el 3,5% a las personas con patrimonio superior a tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con bienes en el extranjero, mientras que los bienes situados en España están sujetos al impuesto aunque el propietario no viva en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, con un 0,7% asignado a los municipios y un 0,3% al gobierno central. Para actividades superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos sobre el patrimonio varían según el cantón, con tasas entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a los activos nacionales como a muchos activos en el extranjero.
Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, los grandes patrimonios en España tienen una carga fiscal más alta que sus equivalentes en Suiza o Noruega. Esto se debe a que su PIB per cápita es tres veces el de España y el de Estados Unidos es 2,5 veces mayor.
Los expertos creen que este tipo de impurezas son ineficaces y muchos países desarrollados han decidido eliminarlas. Según la OCDE, el impuesto sobre el patrimonio en España representará el 0,54% del total de los ingredientes presupuestarios en 2022, equivalente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% del total de los ingredientes presupuestarios, equivalente al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos tributarios por este impuesto representan el 4,35% del total, equivalente al 1,19% del PIB.
Los expertos aseguran que estos importes generan pocos ingresos y elevados costes administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache explica en un artículo para el think tank Autoridades Tributarias que estos gravámenes son ineficaces debido a su mal diseño y sus elevados costes de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo declaró que este tipo de delitos son contrarios a la justicia europea. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía reiteraron ante el Tribunal Constitucional el ‘impuesto de solidaridad’ de Pedro Sánchez.
El término «impuesto temporal de solidaridad», que grava activos de más de tres millones de euros, se introdujo para contrarrestar la abolición de los impuestos sobre bienes inmuebles en algunas comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.
En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía han ajustado sus propios impuestos sobre el patrimonio, introduciendo un impuesto regional que cierra la brecha con el impuesto estatal de solidaridad y proporciona una recuperación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también incrementaron la sombra de la exposición hasta los tres millones de euros, y Murcia sufrió hasta los 3,7 millones de euros.