El gobierno de Nueva Zelanda está considerando una propuesta legislativa que busca restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, con el objetivo de proteger su bienestar emocional y psicológico frente a los riesgos que implican estas plataformas. Esta medida se inspira en una normativa ya vigente en Australia, donde recientemente se establecieron límites similares.
El primer ministro del país, Christopher Luxon, anunció esta intención como parte de una estrategia integral para salvaguardar a la niñez y juventud neozelandesa. De acuerdo con sus declaraciones, la idea central es obligar a las plataformas digitales a tomar medidas concretas para evitar que los menores de 16 años puedan crear cuentas o acceder a contenido que pudiera ser perjudicial para su desarrollo.
Luxon enfatizó que este esfuerzo no tiene fines políticos, sino que responde a una preocupación compartida entre padres, educadores y profesionales de la salud. “Esto va más allá de líneas partidistas. Es un tema nacional. Lo que queremos es que la tecnología esté al servicio de las familias, no en su contra”, sostuvo el mandatario durante una comparecencia pública.
La propuesta cuenta con el respaldo de sectores del oficialismo, incluyendo a la diputada Catherine Wedd, quien ha señalado que el acceso irrestricto a redes sociales está asociado con el aumento de casos de acoso digital, exposición a contenido inapropiado y adicción. La legisladora resaltó que muchas plataformas carecen de filtros efectivos y que las medidas voluntarias implementadas por algunas empresas tecnológicas resultan insuficientes.
Aunque todavía no se ha definido una fecha exacta para la presentación formal del proyecto ante el Parlamento, se sabe que incluirá mecanismos de verificación de edad más estrictos por parte de las plataformas y sanciones significativas en caso de incumplimiento. Entre las posibles penalizaciones se contemplan multas de hasta dos millones de dólares neozelandeses, equivalentes a poco más de un millón de euros.
La regulación propuesta no solo apunta a limitar el acceso, sino también a crear un entorno digital más seguro para los jóvenes. Esto implicaría un cambio en las políticas de privacidad, moderación de contenido y control parental en redes sociales como Instagram, TikTok, Snapchat y otras plataformas populares entre menores.
La iniciativa ha generado un debate intenso en el país. Algunos sectores la celebran como un paso necesario en la protección de la salud mental juvenil, mientras que otros han expresado preocupaciones sobre las implicaciones que esto podría tener en términos de derechos digitales, libertad de expresión y viabilidad técnica. Las plataformas tecnológicas, por su parte, aún no han emitido una respuesta oficial al respecto, aunque se anticipa que podrían intentar negociar términos más flexibles o defender sus prácticas actuales de verificación de edad.
El Ejecutivo neozelandés ha manifestado su intención de promover un consenso amplio en torno a esta normativa, involucrando a actores políticos de todas las tendencias, así como a organizaciones de la sociedad civil, expertos en desarrollo infantil y representantes del sector tecnológico.
En un entorno mundial donde se ha puesto cada vez más atención en cómo las redes sociales afectan la salud mental de los jóvenes, esta iniciativa coloca a Nueva Zelanda entre las naciones que más proactivamente intenta regular el ámbito digital con un enfoque en el bienestar social. A pesar de que el proceso legislativo está en sus etapas iniciales, la acción significa un avance decidido hacia un tipo de interacción digital más seguro para las futuras generaciones.
