El Congreso de Guatemala volvió a fracasar en su intento por elegir a los directores titulares y suplentes que conformarán el directorio de la futura Superintendencia de Competencia, un órgano clave para promover la libre competencia y prevenir prácticas monopólicas en el país. Pese a que el punto estaba en la agenda legislativa y se esperaba avanzar en la designación de las autoridades, la sesión se disolvió sin llegar a ningún acuerdo.
Con este nuevo aplazamiento, suman ya varios intentos infructuosos por parte del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo que ha generado preocupación entre sectores económicos y sociales que reclaman transparencia, agilidad y responsabilidad institucional en el proceso.
El Congreso tiene la atribución de elegir a los cinco miembros del directorio —tres titulares y dos suplentes— de una nómina de candidatos previamente evaluados y enviados por la Comisión de Postulación, la cual llevó a cabo un proceso de selección que incluyó análisis de hojas de vida, entrevistas y revisión de tachas. El listado final incluye aspirantes con perfiles técnicos en economía, derecho y administración pública.
Sin embargo, la falta de consensos entre las distintas bancadas ha impedido avanzar en la votación. Durante la más reciente sesión, algunos legisladores abandonaron el pleno antes de que se iniciara la discusión del tema, lo que provocó que no se alcanzara el quórum necesario para llevar a cabo la elección.
La fundación de la Superintendencia de Competencia fue aprobada en 2022 como parte de una reforma diseñada para fortalecer el marco institucional económico del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo requisitos para acceder a algunos tratados comerciales. Este organismo tendrá como funciones principales investigar y penalizar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diversos participantes económicos.
Sin embargo, la ausencia de nombramiento de su junta directiva ha impedido que la entidad comience a operar. Mientras tanto, se acumulan quejas sobre potenciales abusos de poder en áreas estratégicas, lo que aumenta la urgencia de que la Superintendencia inicie sus actividades.
Diversas entidades del sector privado y grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación debido a la paralización del proceso. Ellos creen que esta circunstancia no solo obstaculiza el uso de un instrumento crucial para incrementar la competitividad, sino que también proyecta mensajes negativos hacia los inversionistas y afecta la solidez de la institucionalidad democrática.
Varios legisladores han expresado su interés en proseguir con las conversaciones para lograr consensos en la siguiente sesión plenaria. No obstante, diversos grupos señalan que hay intereses políticos que intentan poner trabas a la elección, ya sea por desacuerdos sobre los perfiles sugeridos o por cálculos estratégicos asociados a cuotas de poder.
La ley establece que el Congreso debe elegir a los integrantes del directorio mediante una mayoría calificada, lo cual exige una amplia articulación entre las diferentes fuerzas representadas en el hemiciclo. En los intentos anteriores, la falta de votos suficientes ha sido una constante, a pesar de que la nómina de candidatos ha estado disponible desde hace varios meses.
A medida que pasa el tiempo, aumentan las presiones internas e internacionales para que el Legislativo cumpla su responsabilidad constitucional y permita el inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia.
El país sigue sin contar con una entidad independiente que se encargue de garantizar un entorno económico equitativo, lo que deja desprotegidos a consumidores y pequeños negocios frente a posibles conductas abusivas por parte de grandes empresas. Esta realidad refleja las barreras estructurales del sistema político en Guatemala para hacer elecciones importantes, incluso sobre asuntos de interés común que podrían favorecer considerablemente el crecimiento económico.
El desafío actual para los legisladores es retomar el impulso legislativo y mostrar dedicación a la modernización institucional. Seleccionar el directorio no solo representaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.