El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles de México, con 90,6 millones de dólares por prácticas que restringen la competencia en el mercado abierto. Según el IFT, la empresa ha incursionado en negocios monopólicos para brindar incentivos a los distribuidores con el objetivo de bloquear las ventas de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT explicó que Telcel brindó información y beneficios a ciertos canales de distribución, condicionando el suministro de paquetes de telefonía móvil a que no se llevaran al mercado productos de otras empresas competidoras. Se informó al regulador que esta estrategia comprometía los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios móviles.
La investigación que condujo a esta sanción se inició en el verano de 2021 y concluyó con un Informe de Probable Responsabilidad a finales del año pasado. Telcel tiene la oportunidad de impugnar esta resolución y plantear su defensa durante el proceso judicial.
América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, ha anunciado a su vez que impondrá una multa. En declaraciones a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa respondió a las acusaciones y preguntó cómo se llevaría a cabo la investigación, argumentando que las acusaciones se basaban en declaraciones hechas por un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en la industria móvil mexicana, operando aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de líneas móviles registradas en el país. Durante el trimestre de 2023, la compañía reportó unos ingresos de 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT ha restablecido la importancia de los reguladores para asegurar un mercado competitivo. Esta sanción subraya el estatus crucial que les quita a estas entidades en la promoción de las condiciones para la libre competencia en México, especialmente en un contexto donde se discute la posible reforma encaminada a articular organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que es un recurso necesario para el gobierno. Según el mandato, estas entidades no complementan adecuadamente su propuesta ya que han recibido más de 32,313 millones de pesos desde su creación.
La posible abolición del IFT ha generado preocupación entre los especialistas, quienes advierten que podría significar una reducción de industrias reguladas e impactar las políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque quienes proponen la reforma aseguran que no afectarán las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes ya aprobó la legislación en términos generales, y la decisión final sobre la continuidad o extinción del IFT dependerá de la próxima sesión legislativa, que inició sus funciones el 1 de septiembre. Ahora que el funcionario garantiza calificaciones superiores, la situación del IFT y otros organismos autónomos es un punto crítico.
