Japón ha enfrentado la mayor disminución de población desde el inicio de los registros oficiales, disminuyendo en casi un millón de personas en 2024. La brecha entre nacimientos y decesos alcanzó niveles sin precedentes, evidenciando la progresión de una crisis demográfica que, con cada año que pasa, sigue intensificando los retos sociales y económicos de la nación.
Según los datos más recientes del Ministerio del Interior y Comunicaciones, la población japonesa se redujo en 908.574 personas durante el último año. El número total de nacimientos cayó a 686.061, el más bajo desde que se inició el registro en 1899, mientras que las muertes superaron los 1,6 millones. Por cada nuevo nacimiento, fallecieron más de dos personas, una proporción que subraya la profundidad del problema.
Envejecimiento acelerado y baja natalidad
La disminución demográfica no es algo reciente para Japón, ya que el país ha experimentado dieciséis años seguidos de baja en su población. En la actualidad, el número total de habitantes en el país es de aproximadamente 124,3 millones, lo que supone un 0,44% menos que el año anterior.
Uno de los factores centrales en esta tendencia es el envejecimiento acelerado de la población. Las personas mayores de 65 años representan casi el 30% del total nacional, la segunda cifra más alta del mundo. Por su parte, la población en edad laboral, entre 15 y 64 años, ha disminuido al 60%, reduciendo significativamente la base activa que sostiene los sistemas de salud y pensiones.
La tasa de fertilidad –el número promedio de hijos por mujer a lo largo de su vida– permanece muy por debajo del nivel de reemplazo desde la década de 1970. A pesar de los numerosos programas gubernamentales para fomentar la natalidad, los resultados han sido limitados.
Políticas públicas y barreras estructurales
Ante esta situación, el primer ministro Shigeru Ishiba ha calificado la crisis demográfica como una “emergencia silenciosa”. Su administración ha prometido intensificar las políticas favorables a la familia, entre ellas la expansión de guarderías gratuitas, la implementación de horarios laborales flexibles y nuevos subsidios a la vivienda.
No obstante, estas iniciativas se encuentran con barreras estructurales que complican su efectividad. El alto costo de vida, los sueldos que no suben y una cultura corporativa que prioriza largas horas de trabajo desmotivan la creación de familias. Asimismo, las mujeres todavía enfrentan presiones sociales que las identifican como las principales responsables del cuidado, con poco respaldo institucional, lo cual lleva a retrasar o dejar de lado la idea de ser madres.
Las medidas aplicadas hasta ahora no han sido suficientes para alterar una trayectoria que apunta a una disminución continua y acelerada de la población japonesa.
Inmigración: una solución parcial y políticamente sensible
A diferencia de otras economías desarrolladas, Japón ha mantenido durante décadas una política migratoria restrictiva. No obstante, el crecimiento de la escasez de mano de obra ha llevado al gobierno a introducir programas temporales, como visas para nómadas digitales y planes de capacitación para trabajadores extranjeros.
Actualmente, el número de residentes extranjeros en el país alcanza los 3,6 millones, lo que representa cerca del 3% de la población total. Aunque esta cifra marca un récord, el impacto de la inmigración sobre la estructura demográfica nacional sigue siendo limitado.
En el ámbito político, el asunto de la migración sigue siendo motivo de discusión. La comunidad japonesa, predominantemente conservadora, todavía presenta resistencias ante una mayor apertura migratoria, a pesar de los indicios de requerimiento que se observan en el mercado laboral y el envejecimiento de la población.
Efectos evidentes en las áreas urbanas y rurales
El declive demográfico ya es perceptible en numerosos aspectos de la vida cotidiana en Japón. Según cifras oficiales, casi cuatro millones de viviendas han sido abandonadas en las últimas dos décadas, especialmente en zonas rurales. Muchos pueblos y aldeas se enfrentan al despoblamiento, con servicios públicos reducidos y economías locales en declive.
Esta despoblación amenaza la sostenibilidad de comunidades enteras, generando un efecto dominó sobre la infraestructura, la educación y el acceso a servicios médicos. En las áreas urbanas, aunque el impacto es menos visible, se proyectan efectos a mediano plazo en la oferta de empleo, el consumo interno y la viabilidad fiscal del sistema de bienestar.
Un desafío a largo plazo sin soluciones inmediatas
La crisis demográfica de Japón no solo plantea retos sociales y económicos, sino que también pone a prueba la capacidad del país para adaptarse a un nuevo paradigma poblacional. Las soluciones estructurales requerirán cambios culturales profundos, reformas en el mercado laboral y una redefinición del rol de la inmigración en la sociedad japonesa.
Aunque las medidas actuales buscan mitigar los efectos del envejecimiento y la baja natalidad, los datos revelan una realidad persistente que no muestra signos de revertirse en el corto plazo. En este contexto, la necesidad de una estrategia de largo alcance se vuelve cada vez más urgente para garantizar la sostenibilidad de una nación que se enfrenta, silenciosamente, a uno de los mayores desafíos de su historia moderna.