Una revisión detallada de los datos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revela un patrón claramente divergente en la forma en que se llevan a cabo los arrestos de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Las tácticas aplicadas por ICE varían considerablemente según la orientación política del estado, generando un panorama migratorio profundamente desigual entre jurisdicciones demócratas y republicanas.
En los estados que respaldaron al expresidente Donald Trump, los agentes de ICE realizan la mayoría de sus arrestos directamente en cárceles y prisiones. Por el contrario, en los estados que votaron por la actual candidata presidencial demócrata Kamala Harris, las detenciones se ejecutan predominantemente en comunidades, lugares de trabajo y espacios públicos. Esta divergencia ha generado no solo tensiones políticas, sino también un clima de miedo e incertidumbre en barrios con alta población migrante, especialmente en regiones con políticas de santuario.
Variaciones estructurales en las estrategias de captura
De acuerdo con los datos revisados, en los estados republicanos el 59 % de las aprehensiones se efectúan en instalaciones de detención, mientras que en los estados demócratas el 70 % de los arrestos se realizan en áreas comunitarias. Aunque ambos grupos de estados cuentan con poblaciones indocumentadas semejantes, las acciones de ICE en cada región muestran una estrategia adaptada a las normativas locales y las políticas de colaboración con las autoridades federales.
Los estados que permiten una mayor colaboración entre las autoridades locales y ICE, como Mississippi, presentan un alto porcentaje de arrestos en centros penitenciarios. En contraste, en lugares como Nueva York y Massachusetts, donde las políticas de santuario limitan o impiden este tipo de cooperación, la agencia ha intensificado su presencia en las calles y en operativos públicos.
Efecto en poblaciones desfavorecidas
En Massachusetts, uno de los estados que presenta medidas más severas contra ICE, el 94 % de las detenciones ha sido realizado en las zonas comunitarias, y un 78 % de los individuos detenidos no poseía historial delictivo. Esta situación ha provocado consecuencias importantes. En lugares como Chelsea y Everett, que congregan a comunidades migrantes de Centroamérica, se ha observado una disminución en la asistencia escolar, las visitas médicas y otras actividades diarias, debido al miedo de ser arrestados.
Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes advierten sobre el incremento de patrullajes, redadas sorpresivas y detenciones en espacios públicos, lo que ha transformado barrios activos en zonas silenciosas y retraídas. La estrategia de arrestos en espacios abiertos, según sus críticos, tiene un carácter disuasorio y busca ejercer presión sobre los gobiernos locales para modificar sus políticas de protección a migrantes.
Un sistema de detención en crecimiento
Durante la administración Trump, los arrestos realizados por ICE experimentaron un aumento sostenido. La proporción de detenciones en la comunidad alcanzó el 44 %, frente al 27 % registrado bajo la presidencia de Joe Biden. Aunque el Gobierno actual prioriza la detención de inmigrantes con antecedentes penales, la comparación refleja una inversión significativa en mecanismos de aplicación migratoria durante el mandato anterior.
El presupuesto federal ha respaldado esta expansión, destinando miles de millones de dólares adicionales a ICE. A la vez, un número creciente de agencias policiales estatales y locales, especialmente en estados republicanos, se ha unido a programas de colaboración con ICE, fortaleciendo su capacidad operativa.
Conflictos sobre las políticas de refugio
Los funcionarios de la administración Trump han argumentado que la intensificación de los arrestos en comunidades es consecuencia directa de las políticas de santuario, que impiden a las autoridades locales detener a inmigrantes únicamente por órdenes administrativas de ICE. Desde esta perspectiva, los operativos públicos serían una respuesta a la falta de acceso a las cárceles locales.
Sin embargo, defensores y juristas experimentados afirman que estos enfoques tienen el propósito de sancionar a aquellas jurisdicciones que no aceptan la política migratoria del gobierno federal. Culpan a ICE de emplear métodos que sobrepasan los límites razonables y de usar el temor como herramienta de manipulación social.
Casos emblemáticos y denuncias crecientes
Las intervenciones de ICE en Massachusetts han incluido detenciones de alto perfil, como la de un estudiante de doctorado y coautor de un artículo de opinión, o el arresto violento de un inmigrante sacado del asiento del copiloto frente a su familia. Según expertos legales, estas acciones representan un nuevo nivel de agresividad por parte de la agencia.
Además, testimonios de residentes como el de Geovani Esau De La Cruz Catalan, joven arrestado poco después de su graduación escolar, ilustran el impacto humano de esta política. Su historia evidencia cómo individuos sin historial delictivo se ven atrapados en una red que castiga sin distinción.
Un sistema desigual en función del código postal
La diferencia en la implementación de las leyes migratorias ha provocado lo que algunos expertos denominan un «sistema desigual» de justicia migratoria en Estados Unidos. La ubicación donde viva un inmigrante se ha vuelto un elemento crucial para el tratamiento que obtendrá de las autoridades.
Mientras algunos estados colaboran activamente con ICE, otros limitan su accionar a través de decisiones judiciales y políticas locales. Esta fragmentación contribuye a la creación de experiencias migratorias profundamente divergentes, que ponen en tela de juicio la coherencia de las políticas federales.
El debate sobre las políticas migratorias, su implementación y sus efectos sobre las comunidades seguirá ocupando un lugar central en la agenda pública, especialmente en un contexto electoral donde la migración vuelve a ser un tema de alto voltaje político.