El ámbito político en Guatemala se encuentra en una situación delicada marcada por un fenómeno que cobra mayor relevancia: la judicialización del Ejecutivo. Este fenómeno, donde las acciones y funciones del gobierno son frecuentemente objeto de revisión o influencia por parte de los poderes judiciales, provoca discusiones acaloradas en el medio académico, entre organizaciones de la sociedad civil y en el escenario internacional. Para entender el motivo de la preocupación generada por este fenómeno, es esencial examinar sus orígenes, manifestaciones y efectos concretos, así como su repercusión en la estructura democrática y el estado de derecho.
Contexto político e histórico de Guatemala
Guatemala posee una historia política marcada por constantes tensiones entre los tres poderes del Estado. A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se esperaba el fortalecimiento del sistema democrático y la consolidación de instituciones autónomas. Sin embargo, factores como la corrupción, el crimen organizado, la debilidad del sistema judicial y la inestabilidad política han obstaculizado el pleno desarrollo institucional.
En los últimos años, especialmente desde 2015 con la crisis que llevó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina tras investigaciones judiciales impulsadas por la CICIG, el país ha visto un aumento significativo en el protagonismo del poder judicial respecto a las actuaciones del Ejecutivo. Este auge, aunque a veces respaldado por sectores sociales que buscan combatir la impunidad, también genera temores respecto a la politización e instrumentalización de la justicia.
Recientes expresiones de judicialización
El proceso de judicialización no se circunscribe únicamente a casos extraordinarios de corrupción de alto nivel. En el año 2023 y lo que va del 2024, se han presentado múltiples recursos judiciales que han frenado o condicionado decisiones de política pública, nombramientos en cargos clave, procesos de transición gubernamental e incluso la legitimidad electoral.
Por ejemplo, tras las elecciones generales de 2023, distintos actores promovieron amparos y acciones constitucionales que pusieron en entredicho los resultados y obstaculizaron la certificación de autoridades electas. Como resultado, la transición del Ejecutivo enfrentó incertidumbre prolongada, afectando la gobernabilidad y el ambiente de inversión.
Otro caso relevante lo constituye la intervención de la Corte de Constitucionalidad y distintas salas de la Corte Suprema de Justicia en decisiones administrativas sobre presupuesto, política exterior y designaciones ministeriales, lo cual ha generado una percepción de judicialización excesiva que afecta la operatividad del gobierno.
Razones estructurales de inquietud
La preocupación fundamental radica en la posibilidad de que la judicialización del Ejecutivo derive en el debilitamiento de la separación de poderes, principio cardinal en cualquier democracia. Si bien el control judicial sobre decisiones del Estado es un mecanismo legal y necesario para evitar abusos de poder, su uso indiscriminado o motivado por intereses políticos puede ser contraproducente.
Entre las razones fundamentales que generan esta inquietud, se mencionan:
1. Inseguridad jurídica: Cuando cualquier decisión ejecutiva relevante puede ser bloqueada o revertida mediante recursos judiciales, se genera un clima de incertidumbre e imprevisibilidad normativa. Esto afecta negativamente la inversión, la ejecución de obras públicas y la eficiencia administrativa.
2. Uso político de la justicia: Hay muchos casos donde los políticos usan el sistema judicial como un medio para bloquear a sus oponentes o para buscar inmunidad. El manejo táctico de amparos y denuncias resulta en la obstrucción de la acción pública.
3. Percepción de parcialidad en el sistema judicial: Diversos estudios realizados por organismos internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso y la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advierten sobre la falta de independencia y el sometimiento del sistema judicial a las presiones de grupos políticos o económicos.
4. Erosión institucional: La constante intervención judicial en temas del ámbito ejecutivo causa un deterioro y pérdida de prestigio para el Ejecutivo y el poder judicial, debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el Estado de Derecho.
Implicaciones para la gobernabilidad y el desarrollo nacional
El efecto más visible de la judicialización extrema del Ejecutivo en Guatemala es la fragilidad de la gobernabilidad. El Ejecutivo enfrenta trabas constantes para implementar políticas públicas, ejecutar presupuestos y dar respuesta a demandas sociales urgentes, como en los sectores de salud, educación, seguridad y desarrollo rural.
A nivel internacional, este fenómeno tiene implicaciones directas en la cooperación y en la calificación del país ante organismos multilaterales. El caso de Guatemala, observado cuidadosamente por la Organización de Estados Americanos y misiones diplomáticas, ha sido citado como ejemplo de riesgos para la estabilidad regional si no se respeta la institucionalidad.
De igual manera, la comunidad civil y los sectores económicos indican que la falta de certeza impide los procesos de inversión y provoca la salida de capital y talento, acentuando la desigualdad y la migración.
Opciones y soluciones para mantener la institucionalidad
Ante el reto de la judicialización, se han planteado diversas vías para equilibrar el necesario control judicial con la autonomía del poder ejecutivo. Entre las propuestas más discutidas destacan:
– Mejora del sistema judicial: Asegurar la autonomía, claridad y capacitación de jueces y magistrados, protegerlos de influencias externas y garantizar un acceso rápido para el público.
– Reformas constitucionales: Revisar y clarificar la distribución de competencias y límites de intervención entre los distintos poderes, así como los controles y procedimientos de los recursos jurídicos para evitar su abuso.
– Impulso del diálogo entre instituciones: Promover la comunicación respetuosa y la colaboración entre las diferentes ramas del Estado, utilizando mecanismos de consulta y solución de conflictos que prioricen el bien nacional sobre intereses particulares.
– Educación cívica y participación ciudadana: Impulsar el monitoreo y la veeduría social para exigir responsabilidad, transparencia y ética, tanto del Ejecutivo como del Judicial.
La judicialización del Ejecutivo en Guatemala refleja tensiones arraigadas de un sistema institucional todavía en proceso de fortalecimiento. Si bien la intervención del poder judicial es crucial para evitar abusos y garantizar la legalidad, su empleo desmesurado puede volverlo herramienta de parálisis, confrontación o manipulación. Superar este desafío exige fortalecer la independencia y credibilidad de la justicia, revalorizar la separación de poderes y consolidar la confianza ciudadana en sus instituciones. Sólo así Guatemala podrá avanzar hacia una democracia más sólida y equitativa, capaz de responder a los desafíos actuales y generar condiciones para el desarrollo sostenible.