El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso decisivo al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país y poner bajo control federal la policía de Washington D.C. Estas acciones se enmarcan dentro de un esfuerzo por reducir la criminalidad y lo que él ha calificado de “desorden” en las calles de la ciudad. En un anuncio realizado el lunes, Trump aseguró que tomará “medidas drásticas” para enfrentar lo que considera una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, apuntando especialmente a la creciente presencia de personas sin hogar en la vía pública.
El jefe de estado defendió su decisión al afirmar que la ciudad enfrenta un nivel descontrolado de criminalidad, señalando en particular crímenes como robos, balaceras y asesinatos. Según el líder, Washington D.C. tiene una cantidad de homicidios mayor que algunos de los «peores lugares del mundo», a pesar de las estadísticas que indican una disminución de los delitos violentos en la capital. Los datos de la policía local muestran un descenso del 26% en los crímenes violentos y una disminución del 12% en los asesinatos, lo cual contrasta con las afirmaciones del líder.
Supervisión federal en las fuerzas policiales y las iniciativas de seguridad pública
En el conjunto de medidas anunciadas, Trump subrayó que la administración federal se hará cargo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., bajo la supervisión de la fiscal general Pam Bondi. Además, se movilizarán más oficiales de policía, del FBI y de otras fuerzas federales para controlar las calles y “erradicar a las pandillas delictivas”. Trump también expresó la intención de desalojar a las personas sin hogar de los espacios públicos, llevando a cabo lo que él llamó una “limpieza” de los “barrios pobres” de la ciudad.
“Sé que no es políticamente correcto, pero vamos a eliminar los barrios marginales donde viven. No vamos a permitir que la ciudad siga siendo un lugar donde los delincuentes y las personas sin hogar sean una carga para nuestros ciudadanos”, dijo el presidente. Estas declaraciones han generado una fuerte reacción, especialmente por parte de la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, quien defendió los esfuerzos locales por reducir la criminalidad y criticó la postura de Trump, calificando sus afirmaciones como erróneas.
La situación de las personas sin hogar en Washington D.C.
De acuerdo con Community Partnership, una organización que apoya a personas sin hogar en la ciudad, hay aproximadamente 3.782 individuos sin hogar en Washington D.C., de los cuales alrededor de 800 residen en la calle. En años recientes, la ciudad ha lanzado varias iniciativas para disminuir este número, pero el problema de la falta de vivienda sigue presente. A pesar de las críticas hacia la gestión de Bowser, los registros oficiales de la ciudad muestran un progreso en la reducción de los delitos violentos, con una disminución importante en robos y agresiones.
El método adoptado por Trump, no obstante, no ha sido favorablemente acogido por numerosos activistas de derechos humanos y grupos que defienden a las personas sin hogar. Al intentar «limpiar» las calles, los detractores remarcan que el presidente está penalizando la pobreza y las condiciones de vida adversas, sin tratar las raíces fundamentales de la falta de vivienda o la violencia.
Tensiones políticas y la ley sobre el control presidencial
La acción de Trump tiene un fuerte componente político, dado que Washington D.C. no tiene la misma representación que los estados, lo que permite al presidente tomar decisiones federales de control en la ciudad. A través de la Ley de Autonomía de 1973, el presidente tiene la capacidad de intervenir en la administración policial de la ciudad en situaciones de “emergencia”. Sin embargo, cualquier medida que dure más de 48 horas debe ser notificada al Congreso y no puede prolongarse más allá de 30 días sin su aprobación.
Este es un asunto sensible en la conexión entre la gestión federal y el gobierno de la ciudad, dado que Bowser ha afirmado que la policía de Washington D.C. está capacitada para controlar la circunstancia sin la participación del gobierno federal. El conflicto sobre el manejo de la policía metropolitana evidencia una división en aumento entre las administraciones locales y la Casa Blanca, especialmente durante el mandato de Trump.
Un enfoque polémico y sus implicaciones
El uso de la Guardia Nacional y la supervisión federal sobre la policía urbana representan un cambio notable en las estrategias de seguridad pública, que contrastan con las medidas adoptadas por las autoridades locales y estatales en otras regiones del país. Aunque el crimen continúa siendo un problema serio en varias ciudades, la estrategia de Trump de incrementar la presencia militar y federal en las calles podría aumentar las fricciones con los gobiernos locales y las comunidades impactadas.
Los críticos del presidente también han señalado la ironía de su propuesta de militarizar la ciudad, dada la controversia sobre la falta de acción de su administración durante los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores atacó el Capitolio. Esta contradicción ha alimentado el debate sobre el uso adecuado de la fuerza federal y la manera en que el gobierno aborda las tensiones políticas y sociales dentro del país.
En última instancia, la decisión de Trump de intervenir directamente en Washington D.C. representa un caso complejo de gobierno federal frente a la autonomía local, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad pública, derechos civiles y el tratamiento de las personas más vulnerables en la sociedad.